CHIL.ME

Mar 29, 2015 at 15:00

Summary

• Las organizaciones empresariales consideran que las nuevas medidas incluidas en la Reforma del Código Penal ayudarán al sector a combatir la sustracción de productos de los puntos de venta • Este tipo de prácticas ocasiona a las empresas pérdidas anuales de 1.600 millones de euros, unos 500 millones de euros a las empresas de ASEDAS • El sector siempre se ha mostrado favorable a un sistema penal más disuasorio que represivo

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Las asociaciones que integran el comercio, la fabricación y la hostelería, entre ellas ASEDAS, las asociación de distribuidores, autoservicios y supermercados, han analizado hoy en Madrid el impacto de la Reforma del Código Penal en los hurtos comerciales. Un problema de importante dimensión económica y social contra el que luchan desde hace años, y en el que legalmente se habían sentido desprotegidos.

Por ello, el sector celebra hoy que la Reforma del Código Penal elimine el concepto de falta para tratar los hurtos como delitos leves y que la multi reincidencia, la rotura de los dispositivos de alarma y seguridad y la autoría de grupo criminal no organizado se consideren agravantes en este tipo de prácticas.

El nuevo escenario permitirá combatir mejor un problema que también distorsiona la actividad y condiciones laborales de los empleados del sector que, a partir de ahora, se sentirán más protegidos en su trabajo diario. Además, en la rueda de prensa todas las asociaciones que integran la industria, el comercio y la hostelería afirman que la realidad demuestra que el autor habitual de este tipo de prácticas es un profesional o un miembro de un grupo criminal que luego deriva los artículos hurtados al mercado negro.

En este sentido, las organizaciones han advertido también a la sociedad que adquirir productos en estos canales, especialmente si se trata de artículos de alimentación, conlleva riesgos importantes. No hay que olvidar que una vez que los alimentos salen de los puntos de venta no se puede saber cómo han sido transportados, conservados…y que, por tanto, no se mantienen las medidas de seguridad alimentaria que aplican las empresas de la industria y la distribución, con el consiguiente riesgo para la salud que esto puede llegar a ocasionar.

Desde Asedas, su Director General, Ignacio García Magarzo asegura que la “reforma es resultado del trabajo conjunto del sector, y de la colaboración con el Ministro de Justicia y el resto de grupos parlamentarios.”

Un freno a la competitividad

Las organizaciones han destacado también los elevados costes que tiene para las empresas combatir este tipo de acciones. Y es que a los más de 1600 millones de euros que anualmente se pierden a causa de los hurtos hay que sumar las inversiones para protegerse de los hurtos comerciales, la dedicación de recursos humanos a gestionarlos etc…Se trata de un problema que resta competitividad a las empresas y reduce, por tanto, su capacidad de crecer y crear empleo.