De hecho, estas últimas han llenado más veces la cesta de la compra que otros años. Hace poco sabíamos que en 2015 el gasto de alimentación por hogar se había aumentado un 1,01%, aunque mucho tiene que ver, también, con el aumento de precio.

Sin que tampoco sea preciso adoptar estilos y modas nutricionales que evitan consumir determinados alimentos, lo que siempre es una opción personal, lo cierto es nuestra agricultura y ganadería pone a disposición de los consumidores cualquier alimento que pueda formar parte de una dieta sana y equilibrada. De ponerle a cualquiera el campo en su nevera. Pero falta, en muchos casos, el soporte legislativo que lo permita.

La industria de la agroalimentación es una de las más fuertes de nuestro país, representando más de un 3% del PIB y dando empleo directo e indirecto a millones de personas. No es baladí que se ponga el foco en ella, ni que cada agente que forma parte de la cadena alimentaria luchemos por lo que creemos justo, por unos precios estables y no ruinosos, por una trazabilidad o etiquetado de origen correctamente señalado, por normas de higiene, salud y calidad que se han puesto – y se ponen – en discusión cada vez que se cierra una acuerdo preferencial con alguno de los países estrella en el comercio mundial.

A este propósito, con la tendencia latente de consumidores más responsables y, sobre todo, conscientes, el mercado ha tomado su propio ritmo, buscando favorecer y legislar en pro de lo que está ocurriendo, de la importancia de los mercados de proximidad, del negocio local que tanto estamos intentando potenciar todos, nosotros, los productores, los consumidores conscientes, y muchos ayuntamientos y asociaciones de comerciantes, a menudo, pertenecientes al medio rural.