El envejecimiento y la falta de relevo generacional son dos problemas históricos del sector primario, no solo en León sino toda España y Europa y aunque en la provincia leonesa aún están lejos de dejar de serlo, los datos dan un cierto aliento al optimismo. El número de personas que trabaja en el campo, entre el Régimen agrario y el general es de 6.888, “el más alto dentro de Castilla y León” y destaca el número de mujeres, casi 3.000. Datos que aportó Matías Llorente, secretario general de UGAL-UPA, en el balance anual del sector primario. Esta organización impartió en 2019 cursos de incorporación a 153 alumnos y, en total en toda la provincia, superan los dos centenares, muchos de ellos, además son hijos e hijas de profesionales del campo, lo que demuestra que hay “continuidad, un fenómeno que hasta ahora no se estaba dando”. En ganadería predominan las incorporaciones en el sistema de integración avícola y porcino en el que “juega un papel importante las empresas leonesas Oblanca y Huevos León que cierran granjas que había fuera de la provincia y las ponen aquí por cercanía con los mataderos para eliminar emisiones de CO2”. Además, muchos de esos jóvenes ganaderos consiguen una UTA porque suman también hectáreas de cultivo, pero, en el lado negativo, el inicio de la actividad se retrasa hasta dos años por la falta de autorización para extraer agua de los pozos, por ello Llorente lanzó un “aviso a la CHD para que dé los permisos necesarios a los que se incorporan”.

El coronavirus afecta también al campo

La expansión de la pandemia del coronavirus conllevará dentro de poco también una situación muy complicada en el campo cuando los agricultores vayan a comprar las semillas de girasol y maíz “porque no hay en España una empresa que produzca semillas certificadas y se depende de EE.UU, Italia o Bélgica” y hay cierre de fronteras. “Es triste, pero dependemos íntegramente del exterior”, resumió Llorente que lamenta que ahora, con esta crisis, nos vamos a “dar cuenta de lo que ha sido cargarnos la estructura agrícola y ganadera y no tener un sector competitivo que produzca alimentos para mantener la humanidad” y criticó lo que ha supuesto la entrada en la Unión Europea, “donde tocamos las puertas con una despensa llena y nos ha convertido en un país consumidor, importador y no productor” y cree que “puede haber problemas serios en abastecimiento de materias primas en nuestro país”.

Azucarera “ha hundido el cultivo”

La provincia de León tiene unas condiciones muy buenas para el cultivo de la remolacha, con 60.000 hectáreas de regadío modernizado, de las 136.000 totales, es un cultivo “importante”, pero “hay una empresa que se está cargando con sus planteamientos el cultivo y es hora de que la administración central y autonómica digan que deben marcharse a Inglaterra porque hay opciones de cooperativas que estarían dispuestas a quedarse con la Azucarera de la Bañeza y resolver el problema que tenemos de crisis del sector y pagar lo que sería rentable para los remolacheros”. Considera que la multinacional británica “miente” y que Castilla y León no se “puede permitir que la política de Azucarera hunda el cultivo y las tres fábricas de Castilla y León”.

Apuesta por el regadío de León

UGAL-UPA apoya el recurso que ha presentado la comunidad de regantes de Los Payuelos para conocer qué ocurrirá en el futuro con las 15.000 hectáreas pendientes de conversión de secano a regadío y con las 30.000 que quedan por modernizar porque, recordó Llorente, el agua de Riaño se transfiere al Carrión y a los polígonos industriales de Palencia y Valladolid y “en un futuro el agua va a ser el mayor tesoro que habrá en agricultura y el desarrollo más importante para poder garantizar una estructura productiva, sin ella no se podrá hacer nada y hay que luchar por esa transformación en Payuelos”, porque, además, en la futura PAC las ayudas nuevas irán dirigidas  “a medidas agro y medioambientales y los que rieguen por inundación tendrán problemas”.

Reclamaciones a la industria láctea

Llorente también recordó la situación de 1.150 ganaderos leoneses con derecho a reclamar a la industria láctea por pactar precios a la baja entre los años 2000 y 2013,  “muchos han desaparecido”, pero una sentencia les reconoce el derecho a recibir el dinero que perdieron en ese tiempo, 0,03 euros por litro. Desde Ugal, relató Llorente, están preparando la documentación para solicitar esas cantidades a unos 200 ganaderos.