El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana ratificar la presentación en su día por parte de los Servicios Jurídicos de un recurso contencioso administrativo frente al Real Decreto 450/2017, de 5 de mayo, del Gobierno de la Nación por el que quedó aprobado el Plan de Gestión de la Cuenca Fluvial de Cataluña.

La Dirección General de Servicios Jurídicos ya interpuso directamente el correspondiente recurso frente a este Plan de Gestión cuando fue aprobado por el Gobierno catalán pero se exige la ratificación de las acciones judiciales ejercidas en su día, por razones de urgencia, por parte del propio Gobierno de Aragón, que ahora recurrirá el Decreto del Gobierno de España.

El informe en el que se basa la ratificación del recurso apunta, en primer término, a “la extralimitación competencial de la Generalidad de Cataluña al incluir en el plan de Gestión del distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña todo el territorio de Cataluña, comprendiendo masas de agua de otras demarcaciones intercomunitarias o compartidas”.

El Gobierno de Aragón entiende igualmente que “el Plan contiene medidas de planificación hidrológica que afecta a masas de agua y recursos hídricos incluidas en otras demarcaciones hidrográficas ajenas a las cuencas internas de Cataluña, lo que constituye un exceso competencial contrario al artículo 40.6 de la Ley de Aguas, ya que la planificación hidrológica debería circunscribirse a una demarcación hidrográfica”.

El último punto del recurso se refiere a la necesidad de que el Plan “fuera aprobado en primera y única instancia por la Administración General del Estado y no es admisible que en Plan se funde en una previa aprobación eficaz del Plan de referencia por parte de la Administración hidráulica catalana, que se limita a ratificar”.

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó el 5 de enero de este año el Decreto 1/2017, por el que se aprobó el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña para el periodo 2016-2021. Estas decisiones vienen a reproducir los decretos aprobados con anterioridad, en 2010, que ya fueron objeto de impugnación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Posteriormente, el BOE de 24 de mayo pasado publicó el Real Decreto 450/2017 del Gobierno de la Nación por el que se aprobó el mismo Plan, Decreto ya recurrido cuando fue publicado por el Gobierno catalán y cuyo recurso se ratifica ahora al publicar el mismo Plan el Gobierno de la Nación.