San Julián, Malta, 3 de febrero de 2016.- El compromiso y ejemplo de la flota pesquera europea en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDRNR o IUU, por sus siglas en inglés), resulta determinante para eliminar una lacra que, además de penalizar al propio sector, por tratarse de una competencia injusta y desleal, tiene sus principales víctimas en los recursos marinos y supone un atentado contra los derechos humanos y el respeto a los principios básicos de la dignidad humana.

Así lo ha expuesto el secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de Europêche, Javier Garat, durante su intervención esta tarde en el debate sobre “Lucha contra la pesca ilegal”, organizado en el marco de Seafood Summit, la Conferencia sobre la Sostenibilidad de la Actividad Pesquera, que se ha celebrado esta semana en Malta.

En el debate, moderado por el director de Global Engagement de la organización Global Ocean Commission, Kristian Teleki, también han participado el Comisario europeo de Medio Ambiente, Pesca y Asuntos Marítimos, Karmenu Vella, y el experto en derecho, activista pro-sostenibilidad y director de las organizaciones Environmental Justice Foundation (EJF) y WildAid, Steve Trent.

Durante su intervención, Javier Garat ha subrayado el impacto positivo de la legislación IUU en la Unión Europea (UE) en la lucha contra la pesca ilegal, al haber disminuido el pescado ilegal que entra en el mercado de la UE. Su alto nivel de demanda convierte a la UE en el principal mercado de productos pesqueros del mundo, con importaciones por valor de 15.000 millones de euros. “Como resultado”, señala Javier Garat, “cualquier producto pesquero fruto de actividades IUU que entra al mercado europeo compite con un coste inferior con nuestros productos, ya que, al obtenerse cumpliendo escrupulosamente con la legislación, implican costes operativos mucho más elevados”.

La regulación de la UE sobre pesca IUU, también conocida como Reglamento INDRNR, exige que los estados con bandera de pabellón extranjero certifiquen el origen y la legalidad de sus capturas, lo que garantiza la trazabilidad completa de todos los productos pesqueros marinos que se comercializan desde y hacia la UE.

Según Garat, “comprometida desde hace décadas con la sostenibilidad, la industria europea pesquera ha realizado un gran esfuerzo y ha destinado inversiones importantes para dotarse de los sistemas y las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento, tanto de la legislación europea como de las normas acordadas a nivel internacional, y considera imperativo que se apliquen las mismas exigencias a las flotas de terceros países, fundamentalmente asiáticos, que no solo incumplen la legislación, sino que carecen del mínimo respeto a los derechos básicos de los seres humanos”.

España, abanderada de la lucha contra la pesca ilegal

España se mantiene a la cabeza en la lucha contra la pesca ilegal, como principal importador/exportador de productos pesqueros de la UE, además de representar el 20% de la capacidad total de pesca de Europa. De hecho, a finales de 2014, el Gobierno español adoptó una ley que impone sanciones más severas a este tipo de actividades y permite actuar contra los nacionales que realizan operaciones ilegales en buques extranjeros. “La nueva legislación”, afirma Garat, “es un mensaje claro de que España, uno de los principales actores en el sector pesquero europeo, está liderando la lucha contra la pesca IUU y otros estados miembros deben seguir ese camino”.

Hacia un registro global de buques pesqueros

Durante su participación en el panel, Javier Garat reiteró su bienvenida a la exigencia de aplicación obligatoria -voluntaria desde 2013- del nuevo esquema de identificación de buques de la Organización Marítima Internacional (OMI), que afecta a 8.205 barcos europeos: aquellos de más de 24 metros de eslora que pescan en aguas europeas y todos los de más de 15 metros que faenan en aguas internacionales. Según Garat, “CEPESCA, Europêche e ICFA han sido las partes más activas en impulsar el uso del nuevo esquema de numeración OMI, puesto que significa mayor transparencia en la cadena global de suministro y contribuye, por tanto, a eliminar la pesca ilegal”.

El secretario general de CEPESCA y presidente de Europêche insistió, asimismo, en la necesidad de que esta transparencia se haga extensiva a todos los países bajo la forma de un registro global de buques de pesca que garantice la monitorización y el control efectivos a escala global de todas las embarcaciones, de sus propietarios y de sus capturas.

Garat reclamó la misma transparencia para el proceso de advertencia, sanción y cooperación que regula la legislación IUU, ya que “si bien supone una gran herramienta en la lucha contra la pesca ilegal, no es totalmente transparente y está fuertemente influido por la política y factores de carácter comercial que ponen en peligro al sector pesquero europeo”.

Asimismo, abogó por una aplicación más uniforme y coordinada en toda la UE, sobre todo del artículo 17 del Reglamento referido a las verificaciones. Está demostrado que, cuando éstas se realizan, aumenta significativamente el porcentaje de partidas que no cumplen y que son rechazadas. Por ello, ha pedido que se establezca un porcentaje mínimo de verificaciones por estado miembro (con el 1% sería suficiente), en función del número o el volumen de importaciones y sobre la base del análisis de riesgos.