El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha destacado la necesidad de que se modifique la Ley de la Cadena Alimentaria para que ésta incluya la prohibición de la venta a pérdidas como una práctica fraudulenta. “Ha llegado la hora de que el ministro de Agricultura sea valiente y dé un paso al frente, porque ha quedado demostrado que esta normativa no ha dado buenos resultados”. Así se ha pronunciado Ramos en el marco de la XXXI edición de la Ferial Internacional Agroexpo, que se celebra durante estos días en Don Benito.

En el marco de negociación en el que están inmersas las organizaciones agrarias más representativas y cooperativas, con quien toma las decisiones que afectan a los agricultores y ganaderos españoles, todas las partes han presentado un documento conjunto de propuesta a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como al Ministerio de Agricultura para que se lleve a cabo “cuanto antes” esta modificación.

“Desgraciadamente, no tenemos en nuestras manos bajar el precio del gasoil o los fertilizantes, pero lo que sí haremos es seguir peleando para conseguir unos precios justos por nuestros productos”, ha sentenciado Ramos.

Nuestra organización agraria ha denunciado en numerosas ocasiones las prácticas abusivas y fraudulentas que llevan a cabo las grandes superficies, como regalar a los consumidores una botella de aceite o una caja de leche al comprar la segunda unidad, menospreciando así nuestros productos. “Detrás de ese envase está el trabajo de muchos agricultores y ganaderos que ven cómo las grandes cadenas comerciales tiran por tierra el trabajo que tanto les ha costado sacar adelante y que, además, les pagan un precio de miseria por ello”, ha lamentado Ramos.

Desde UPA también insisten en que esta reforma debe imponer como “obligatorio” la existencia de contratos que recojan “unas condiciones de precios” que tienen que percibir los agricultores, para terminar así con las posiciones de dominio de la industria y la distribución.

En esta línea, Ramos ha demandado “un plan de sanciones claro y conciso” para las grandes industrias y que, además, dichas sanciones se hagan públicas. “La AICA tiene que apostar porque se haga efectivo, ya que es la única manera de ponerle freno a tanto abuso”, ha manifestado Ramos.