Los auditores de la UE señalan que las normas propuestas para los fondos de cohesión después de 2020 son más sencillas y flexibles

El dictamen por el Tribunal de Cuentas Europeo publicado hoy señala la nueva planificación sobre la forma de gastar los fondos de cohesión de la UE y subraya que resulta más sencilla y flexible. Sin embargo, los auditores han formulado una serie de recomendaciones sobre la manera de garantizar que el gasto de los Estados miembros tenga un impacto real y se ajuste a las normas.

Fecha: 05-Nov-2018

La propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) para el período 2021‑2027 abarca siete fondos de inversión en desarrollo regional y empleo, seguridad y protección de fronteras, y medidas en apoyo de migrantes en los Estados miembros de la UE. En su conjunto, estos fondos podrían ascender a aproximadamente 360.000 millones de euros, lo que equivale a un tercio del presupuesto total de la UE para el período 2021‑2027. El Reglamento establece una serie de objetivos políticos comunes, define la asignación de fondos entre los Estados miembros y establece una serie de normas para programar y ejecutar las políticas.

“En líneas generales, nuestro análisis muestra que en su propuesta, la Comisión Europea ha conseguido simplificar el texto, pero no insiste más en la rentabilidad, y en parte, los sistemas de rendición de cuentas se han debilitado significativamente”, afirma Iliana Ivanova, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del Dictamen. “Hemos formulado 58 propuestas para que los legisladores y la Comisión examinen aquellas que, en caso de aceptarse, se traduzcan en una política de cohesión más eficaz y eficiente”.

En su dictamen, los auditores celebran el esfuerzo continuo de la Comisión Europea en favor de la simplificación que, de aplicarse correctamente, tiene posibilidades de reducir la carga administrativa y dejar de poner el foco en los recursos para centrar la atención en los resultados. Sin embargo, como señalan los auditores, hay una serie de disposiciones poco claras que probablemente induzcan a distintas interpretaciones, lo que afecta a la seguridad jurídica, y advierten de que la simplificación no debería aumentar los riesgos en el cumplimiento de las normas, ni obstruir el uso óptimo de los limitados fondos disponibles de la UE.

En el documento también se recoge que la Comisión propone cinco objetivos políticos de alto nivel en lugar de vincular el gasto con una estrategia a escala de la UE. Sin embargo, estos objetivos no se han fijado para traducirse en resultados o metas cuantificables a nivel de la UE y, por tanto, según los auditores, puede darse la situación de que la reforma propuesta esté aún menos orientada al rendimiento que en el período 2014‑2020.

Los auditores destacan que la propuesta de Reglamento traslada a los Estados miembros la responsabilidad adicional de gestión y de control sobre los fondos de la UE, y advierten de que limitar (e incluso eliminar) la supervisión ejercida por la Comisión sobre el gasto que realizan los Estados miembros con los fondos de la UE podría poner en peligro los avances conseguidos en los últimos años para reducir el nivel de gasto irregular e ineficiente en materia de cohesión.

Otro dictamen el 7 de noviembre

El 29 de mayo de 2018, la Comisión publicó su propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) en siete fondos de la UE para el próximo período de programación 2021‑2027. Estos siete fondos son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el Fondo de Asilo y Migración (FAMI), el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados (IGFV). La Comisión y los Estados miembros comparten la responsabilidad de la gestión de dichos fondos.

El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE mediante sus dictámenes sobre propuestas referentes a la elaboración o revisión de actos legislativos con incidencia financiera. Estos dictámenes ofrecen una evaluación independiente del auditor externo de la UE acerca de las propuestas legislativas.

Conforme a la base jurídica de la propuesta de la Comisión, la consulta al Tribunal de Cuentas Europeo es obligatoria.

El Parlamento Europeo y el Consejo (las instituciones colegisladoras de la UE) deben aprobar la legislación final del RDC y pueden basarse en este dictamen para proponer modificaciones a la propuesta de la Comisión.

El 7 de noviembre, el Tribunal de Cuentas Europeo publicará un Dictamen sobre la propuesta de reforma de la PAC después del año 2020.

El Dictamen n.º 6/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la Propuesta de disposiciones comunes puede consultarse actualmente en el sitio web del Tribunal eca.europa.eu en inglés, y la traducción del dictamen a otras lenguas estará disponible más adelante.