Ayer, 23 de noviembre de 2021, se celebró en el Parlamento Europeo una sesión plenaria en la que se aprobó la que será la nueva Política Agraria de la Unión Europea a partir de 2023, al haber dado luz verde a los tres Reglamentos que rigen la PAC (Reglamento de Planes Estratégicos, aprobado por 452 votos a favor, 178 en contra y 57 abstenciones; Reglamento Horizontal, 485 apoyos, 142 en contra y 61 abstenciones; y Reglamento sobre la Organización Común de Mercados votaron, por su parte, 487 a favor, 130 en contra y 71 abstenciones).

Por parte de los partidos políticos españoles, las posturas abarcan todas las opciones,
Esta aprobación viene tras un largo proceso de versiones, propuestas, reuniones y negociaciones por parte de los agentes implicados en la elaboración del Reglamento, desde las primeras intenciones de la Comisión Europea, ya en 2018, pasando por las posturas de Consejo y Parlamento, y los trílogos entre los tres organismos europeos.

Según el Parlamento Europeo, se ha dado pie a una PAC que reforzará la biodiversidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la UE en relación con el medio ambiente y el clima. Posterior a la votación, el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, además de resaltar los aspectos ambientales, consideró que esta nueva PAC será más justa para los agricultores medianos y pequeños a través de un mayor apoyo a sus explotaciones.

Si bien desde Unión de Uniones se apunta que el compromiso ambiental ha aumentado, al menos financieramente, hasta suponer el 40% del presupuesto de la PAC, esto se da en un contexto en el que el presupuesto se ha reducido un 10,2% respecto al periodo actual, por lo que se descuida el objetivo de mantener una renta digna para los agricultores (que para la organización debe ser el pilar fundamental de la PAC como ha sido hasta ahora, al tener los agricultores y ganaderos una renta que es sólo el 40,6% de la renta del conjunto de salarios en la UE).

Respecto al apoyo a las explotaciones medianas y pequeñas, la organización considera que, si bien España ha dado ciertos pasos a favor de este objetivo, con la implantación del capping, no están apostando por un compromiso real con las mismas al no enfocar la PAC hacia los agricultores profesionales.

En cuanto a las principales novedades que traerá la PAC son, a nivel de Estados Miembros, la capacidad que están teniendo para ajustar las intervenciones a sus necesidades específicas, que deberán plasmar en un Plan Estratégico Nacional (PEPAC), que debería estar en manos de la Comisión antes del 31 de diciembre de 2021 para su evaluación.
El componente ambiental se refuerza por dos vías principales, la condicionalidad reforzada, que hace obligatorios los anteriores elementos del Greening, y los Ecoesquemas, prácticas de adopción voluntaria por parte de los agricultores y ganaderos y que concentran hasta el 25% del presupuesto del primer pilar.

Además, la condicionalidad reforzada también trae un refuerzo en la componente social, “condicionalidad social”, que establecerá requisitos de cumplimiento en materia laboral; algo que desde la organización se considera desmedido al existir ya normativa, inspecciones y sanciones fuera de la PAC, por lo que incluir esta componente va a suponer mayor complejidad y una doble penalización.

Una vez aprobados estos Reglamentos, los Estados Miembros deben finalizar sus Planes Estratégicos, la Comisión deberá evaluarlos para velar porque cumplan con los objetivos establecidos, y a nivel nacional se debe comenzar a proyectar las intervenciones en los proyectos normativos que regirán las normas de las intervenciones de la PAC 2023-2027 en cada Estado.