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Los avances que se han producido en la reforma de la Política Agraria Común y los aranceles anunciado por el Gobierno de Trump centraron los debates de los Ministros de Agricultura de la Unión Europea ayer, 14 de octubre, en Luxemburgo.
Como ya informaba Unión de Uniones en fechas pasadas, el polaco Janusz Wojciechowski podría ser el próximo Comisario responsable de asuntos agrarios y desarrollo rural de la Unión Europea a partir del próximo día 1 de noviembre.
Solo nueve Comunidades Autonómicas pagarán el adelanto de la PAC a partir del 16 de octubre (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, Madrid, Galicia, Comunitat Valenciana y Navarra).
Estos anticipos permitirán en España un adelanto de las ayudas a casi 700.000 agricultores y ganaderos, que podría alcanzar los 3.396 millones de euros del total de los 4.953 millones de euros de pagos directos que se tiene previsto abonar en esta campaña Los pagos comenzarán a partir del 16 de octubre y 9 Comunidades Autónomas han solicitado ya al Ministerio, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) los fondos necesarios para comenzar a realizar dichos pagos la próxima semana por valor de casi 2.000 millones de €
Planas viajará el miércoles a Bruselas para transmitir a la Comisión Europea la posición del Gobierno de España y pedirle firmeza en la negociación, ante unas sanciones “inaceptables” El ministro solicitará a la UE medidas de apoyo a los sectores afectados por los aranceles, en el caso de que las negociaciones con EEUU no prosperasen El Consejo Consultivo ha pasado revista al estado de situación del paquete de reformas de la PAC post 2020, y cuestiones referentes a la política forestal
La anterior Reforma de la PAC trajo, ligada a una ayuda directa complementaria al pago básico, la obligación de realizar determinadas prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático (conocido como greening). Dichas prácticas consistían en la diversificación de cultivos, el mantenimiento de los pastos permanentes y el mantenimiento de un mínimo de un 5 % de superficies de interés ecológico en las explotaciones.